CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN
CIVIL
FERNANDO GIRALDO
GUTIÉRREZ
Magistrado
Ponente
SC15747-2014
Radicación n°
11001-31-03-013-2007-00447-01
(Aprobada en sesión de nueve de
septiembre de dos mil catorce)
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de
dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso de casación
interpuesto por la demandante, frente a la sentencia de 17 de octubre de 2012,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, dentro del proceso ordinario de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.
ESP contra Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C.
- EL
LITIGIO
- La accionante
pidió declarar que adquirió por prescripción «la servidumbre de conducción de energía
eléctrica que va por la franja por donde transcurre la llamada “línea de
transmisión a 230 KV corredor sur y sistema Bogotá, localizada en los
departamentos del Meta y Cundinamarca y en Bogotá,
D.C.”», en una extensión
superficiaria de catorce mil quinientos metros cuadrados (14.500 m²) sobre el
predio «Villa Lourdes II»
de que es titular
Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C., identificado con folio de
matrícula inmobiliaria 50S-194553.
En subsidio solicitó lo mismo respecto de
la «servidumbre legal de conducción de energía
eléctrica».
- Sustentó las
aspiraciones en los hechos que se compendian así (folios 94 al 102, cuaderno
1):
- La promotora
diseño y construyó la línea de transmisión «a230Kv corredor sur y sistema
Bogotá», individualizada
en la Resolución 0738 del 30 de abril de 2007 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Esa obra se
terminó de construir en 1993 y entró en funcionamiento un año después,
atravesando doce municipios de Cundinamarca y Meta.
- El inmueble
objeto de reclamo soporta la servidumbre continua y aparente desde hace más de
doce (12) años, con fundamento en los artículos 18 de la Ley 126 de 1938, 16
y 25 de la Ley 56 de 1981 y 56 de la Ley 142 de 1994.
- A través de la
escrituras públicas 768 de 24 de mayo de 1994, de la Notaría Única de
Cáqueza, y 890 de 11 de marzo de 2000, de la Notaría Cincuenta y Ocho de
Bogotá, el anterior propietario constituyó gravamen en favor de la empresa y
se protocolizó el permiso de paso y la cancelación del precio estipulado,
respectivamente.
- Para las
revisiones y reparaciones de la línea, se accede al predio sin ningún tipo de
autorización u oposición, como consecuencia del «animus y corpus» que detenta.
- Notificada
Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C., guardó silencio. El curador
ad litem de las personas indeterminadas y el Procurador
Agrario manifestaron estar a lo que se demostrare (folios 124 al 125, 153, 159
al 187, cuaderno 1).
- El Juzgado Trece
Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones (folios 268 al 274,
cuaderno 1).
- El superior, al
desatar la alzada interpuesta, la confirmó (folios 15 al 29, cuaderno
2).
- FUNDAMENTOS DEL
FALLO IMPUGNADO
Se resumen de esta manera:
- Es carga del
interesado acreditar que «la cosa objeto de la pretensión es susceptible de ser adquirida
por este medio»,
«la posesión por el
término legal con ánimo de señor y dueño de manera ininterrumpida»
y que «el bien cuyo dominio se promete adquirir, se
encuentre debidamente identificado dentro del proceso».
- La posesión del
artículo 762 del Código Civil se manifiesta «con actos que impliquen dicho señorío»
y su estructuración queda
sujeta a la concurrencia del «animus o comportamiento subjetivo de estar vinculado a la cosa
como si fuera su propietario o ánimo de señor y dueño, sin reconocer dominio
ajeno y, el corpus, o sea la relación de hecho con la misma, lo que
generalmente se manifiesta con actos externos que implique
explotación».
- El derecho real
de servidumbre se refleja en «un gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro
perteneciente a distinta persona», rigiéndose su adquisición por el artículo 939 del Código
Civil, modificado por el 9 de la Ley 95 de 1890, así las continuas y aparentes
pueden constituirse por título o prescripción de diez años, mientras que
todas las discontinuas y las inaparentes «“sólo pueden adquirirse por medio de un título”, toda vez
que “ni aun el goce inmemorial bastará para
constituirlas…”», lo
que refuerzan los artículo 881 y 882 del Código Civil.
- Para este caso en
especial «exige la ley la
continuidad y la apariencia, lo que significa que la posesión que conduce a la
usucapión debe ser pública, pues es evidente que los actos de simple tenencia
no fundan posesión ni prescripción» y «la
servidumbre de conducción de energía eléctrica y sobre la cual se pretende
la usucapión (…) tiene el carácter de discontinua y
aparente».
Además, «califica como de carácter legal conforme lo pregona el
artículo 888 ejusdem y de utilidad pública a voces de los preceptos 16 y 25
de la ley 56 de 1981, por lo que es evidente, que dicha imposición no opera
ipso jure», sino que debe obtenerse por medio de las
vías judiciales consagradas en el artículo 18 de la Ley 126 de 1938 y la Ley
56 de 1981, esta última que «dicta normas sobre
obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y
otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados
por tales obras».
- Se trata, por
ende, «de una servidumbre
legal de interés público, consistente en la obligación que tienen los
dueños de los predios de permitir el paso de las líneas de conducción de
energía eléctrica», por
lo que son «más bien un
gravamen al dominio o a la posesión en interés de la actividad energética,
para el suministro, transmisión, distribución y conducción de este
recurso» o
«limitaciones al ejercicio
del derecho de dominio por razones de interés público», que no encajan dentro del concepto del
artículo 879 del Código Civil.
- A pesar de que
existe un acuerdo de voluntades «plasmado en la escritura pública 768 del 24 de mayo de 1994,
por medio de la cual se constituía a perpetuidad, sobre el predio “Villa
Lourdes” el uso y el disfrute de la franja de terreno objeto de la
servidumbre especial de conducción de energía eléctrica», cuando la propietaria era «Comerandes Ltda.», nunca se consolidó y no es
«susceptible de adquirirse
por esta vía», debiendo
acudir a los trámites administrativos o el proceso de imposición a que se
refiere el artículo 117 de la Ley 142 de 1994.
- Fuera de lo
anterior «no se demostraron
actos posesorios sobre la parte del inmueble descrita en la
demanda», ya que se dejaron
de recaudar los testimonios al desistirse de ellos y «en la inspección judicial practicada sólo se
verificó el paso de la línea de transmisión sobre el inmueble
afectado».
- LA DEMANDA DE
CASACIÓN
Se formulan tres cargos por la primera
causal de esta vía extraordinaria, los dos iniciales por la vía directa y el
último por errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
Se despacharán conjuntamente por estar
relacionados.
PRIMER
CARGO
Acusa, recta senda, la vulneración de los
artículos 881 y 939 inciso segundo del Código Civil, por interpretación
errónea y falta de aplicación, respectivamente.
Lo hace consistir en que:
- No se
interpretaron y aplicaron correctamente las normas sustantivas que permiten la
usucapión frente a las servidumbres continuas y aparentes, prohibiéndola en
las discontinuas.
- La existencia y
funcionamiento del trazado de conducción eléctrica en el predio, desde 1993,
no fue discutida, pero desconoció el ad quem que esa
servidumbre es continua, distinción que tiene origen en la «necesidad de que para el ejercicio de la
servidumbre, concurra o no un hecho del hombre», siendo que para las de esta clase no se
requiere participación actual o concomitante del titular, pues,
«una vez instalada y puesta
la infraestructura de conducción de energía eléctrica en el predio de manera
permanente, todos los días, se ejerce dicha servidumbre, por lo cual, sin
lugar a dudas, tiene el carácter de continua», criterios de la ley y la doctrina
particularmente relacionados con una actividad peligrosa como la
mencionada.
- Levantada la
infraestructura y con el ejercicio perpetúo del servicio, se constituye
«un verdadero gravamen a la
propiedad del predio sirviente, que comienza con la construcción de la obra y
se prolonga hasta que la misma dure de pie, todo lo cual se traduce en un
verdadero acto posesorio».
La sola existencia de la torre en la franja, implica una acción permanente y
perenne de servidumbre.
- De haberse
colegido que «la
servidumbre de conducción de energía eléctrica es continua, según la clara
definición del artículo 281 del Código Civil, habría llegado a la
conclusión que la misma es susceptible de adquirirse por prescripción, como
lo dispone el inciso segundo del artículo 939 de la misma
obra».
SEGUNDO
CARGO
Indica vulnerados frontalmente los
artículos 16, 25 y 27 al 31 de la Ley 56 de 1981 y el 117 de la Ley 142 de
1994, y la falta de aplicación de los artículos 881, 882, 939, 2518 y 2528
del Código Civil.
Expone, para demostrar la falencia,
que:
- Es reprochable la
conclusión del juzgador sobre el origen legal del pedimento que imposibilita
su prescripción, señalando que «la vía correcta para el nacimiento de este derecho es que la
empresa respectiva de servicios públicos solicite su imposición mediante acto
administrativo o mediante proceso de servidumbre regulado en la Ley 56 de
1981», sin considerar que
ésta tiene como único propósito el diseño de un trámite expedito para
«ingresar al predio y
lograr sin mayores tropiezos construir la infraestructura».
- En el correcto
entendimiento, la servidumbre eléctrica es legal, pero conserva la naturaleza
de derecho real y, al igual que las voluntarias, «son gravámenes impuestos sobre un predio, con
la diferencia de que en las servidumbres legales el gravamen es impuesto en
beneficio de la prestación de un servicio público».
- El
yerro es evidente al revisar lo dicho por la
«Corte Constitucional en
sentencia C831 de 2007»,
que declaró exequibles varios preceptos de la Ley 56 de 1981, en donde se
ratificó que su finalidad es «facilitar el adelantamiento e implementación de las obras
necesarias para la adecuada prestación del servicio», resultando inocuo si la estructura se
encuentra instalada, como ocurre en este caso.
- Olvidó el
fallador que lo pretendido era adquirir el dominio del derecho real, según lo
dispuesto en el artículo 2518 del código civil, estando autorizado ello, ante
la falta de distinción del legislador, tratándose de servidumbres
legales.
TERCER
CARGO
Pregona la transgresión indirecta, por
falta de aplicación, de los artículos 665, 762, 764, 765, 769, 881 e inciso
segundo del 939 del Código Civil y, aplicación indebida, del inciso primero
del 939 ibidem, como
consecuencia de errores de hecho en la apreciación «fáctica, objetiva y material de varios de los medios de prueba
incorporados al expediente».
Desarrolla la recriminación de esta
manera:
- Concluyó el
sentenciador, de manera equivocada, que se trataba de una servidumbre
discontinua y no se acreditaron actos de posesión, a pesar de que con el
material obrante sí se demostraron.
- Las pruebas
omitidas son:
- La escritura pública 768 de 24 de
mayo de 1994 de la Notaría Única del Círculo de Cáqueza, donde consta que
la sociedad para ese entonces dueña del inmueble constituyó en forma
voluntaria a favor de la gestora, la servidumbre disputada. De allí se
desprende la fecha de iniciación y los actos de dominio, consistentes en
«la autorización del entonces propietario del
predio para ingresar al mismo, construir la infraestructura y ejercer todos los
actos propios para mantenerla y conservarla».
- Resolución 0738 del 30 de abril de
2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que
contiene previsiones técnicas del manejo ambiental del trazado energético y
da cuenta que para abril de 2007 existía un flujo permanente e ininterrumpido
de energía, lo que corrobora «un señorío
permanente de la franja por parte de la empresa de energía» y «demuestra que el ejercicio de la
servidumbre se daba sin necesidad de un hecho actual de mi mandante y sin
solución de continuidad».
- La diligencia de inspección
judicial, practicada por el a quo el 14 de febrero de 2011, que da fe sobre la presencia efectiva
de la torre en esa época y que las líneas de conducción estaban en
funcionamiento.
- La falta de contestación y
contradicción a los hechos del libelo, que dan cuenta de la ausencia de
oposición del propietario del predio, la buena fe y justo título reconocido y
consentido por los titulares, la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida,
y el carácter de continuo del derecho real.
- Esos medios de
convicción evidencian que desde 1994 y hasta la fecha, «ha hecho ejercicio continuo e ininterrumpido
de la prerrogativa», que
acá se trata de una servidumbre continua y el flujo de energía constante por
más de diez (10) años debe entenderse como un acto posesorio sobre la franja
de terreno, sin que hubiese existido perturbación por parte del
propietario.
- Las
equivocaciones son graves y notorias, pues, algunas probanzas no fueron
mencionadas y otras fueron cercenadas en su contenido, lo que ocasionó que se
confirmara la sentencia de primer grado, de donde fluye que la falta es
trascendente.
CONSIDERACIONES
- Buscó la
demandante que se declarara la usucapión del derecho real de servidumbre de
conducción de energía eléctrica, en una franja de terreno que hace parte de
un inmueble de propiedad de la contradictora.
- La sentencia del
ad quem, confirmatoria de la de primera instancia,
desestimó las reclamaciones porque se referían a un gravamen discontinuo de
naturaleza legal y utilidad pública, que no podía obtenerse de esa manera,
sin que, adicionalmente, se comprobaran los actos posesorios
señalados.
- La impugnante
disiente de lo anterior de manera frontal, porque a su entender la
prescripción de una servidumbre legal es viable, máxime cuando se contrae al
servicio de energía eléctrica, ya que es continua. La acusación indirecta
está encaminada a revelar que en las actuaciones no existe margen de duda de
los actos posesorios.
- Se justifica el
estudio conjunto de los tres ataques, porque cada uno se dirige contra un
aspecto concreto del fallo, que son complementarios. Además, el fracaso de
alguno deja sin piso los restantes.
- La violación
directa de la ley sustancial ocurre cuando el fallador no tiene en cuenta los
preceptos esenciales que gobiernan el caso concreto, aplica los que son
completamente ajenos a la controversia o, a pesar de acertar y atinar en su
selección o escogencia, les da un alcance o efecto que no acompasa ni se
ajusta a la situación examinada.
Como el quebranto radica en la
interpretación dada a las normas sustanciales, ningún reparo se admite en
esta clase de embate a los aspectos fácticos y probatorios consignados en el
fallo, que corresponden a la senda indirecta.
La Corte en SC de 15 de noviembre de 2012,
rad. 2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, rad. 2004-00457-01,
sostuvo que en esta causal se
(…) requiere de la aceptación de todos
los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar
inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez
que la labor argumentativa del censor sólo puede estar orientada a descubrir
los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por
falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación
indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos
respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia
pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación
errónea. (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho,
encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que
realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y
exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al
querer del legislador.
- Los
cuestionamientos por la vía indirecta, cuando se estructura por la comisión
de un error de facto manifiesto en la apreciación de las pruebas, requieren de
una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de las
equivocaciones, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del
fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo planteado
por las partes en litigio.
La Corte sobre esta causal tiene dicho que
(…) al denunciarse en el punto la
comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no
cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de
casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a
partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas
conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente,
pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso
prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso
extraordinario escoltada de la presunción de acierto” (CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524).
- De conformidad
con el artículo 879 del Código Civil, la «servidumbre predial o simple servidumbre, es
un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto
dueño» y entre las
diversas clasificaciones que admiten, el artículo 888 ibidem señala que son
«o naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o
legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son constituidas por
un hecho del hombre».
Esa diferenciación es fundamental por
tratarse en últimas de diferentes clases de afectaciones, en la medida que las
dos primeras están regidas por lo que sobre ellas se contemple en el marco
normativo vigente. Las últimas son el producto del acuerdo que constituye la
limitación al dominio y pueden provenir incluso de una cláusula
testamentaria, una decisión judicial o ser adquirida por usucapión, según
las reglas de los artículos 937 al 941 del Código Civil.
Bajo esta óptica, el artículo 939
ibidem que se refiere a la
posibilidad de que «[l]as servidumbres continuas y
aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de diez
años», únicamente se aplica a las «servidumbres voluntarias», sin que
exista fundamento para que sus alcances se hagan extensivos a las otras clases
aludidas.
Sobre el tema la doctrina tiene dicho
que
Las servidumbres legales las autoriza la
ley en atención a la conveniencia general, o sea, consultando los interese
generales. Por lo mismo, no son unas mismas de acuerdo con todas las
Legislaciones, porque la conveniencia varía según las condiciones de cada
país (…) Las servidumbres voluntarias no provienen únicamente de los
contratos, sino que pueden establecerse por testamento, por destinación (art.
938) o por prescripción. Por esto, no tienen otra limitación que el orden
público y las leyes (…) Se ha criticado la clasificación anterior de las
servidumbres, observando que no hay razón para distinguir las naturales de las
legales, puesto que ambas existen porque las reconoce la ley. Luego las
servidumbres solo pueden ser legales o voluntarias, porque o provienen de la
ley o de la voluntad del hombre. Sin embargo, la diferencia entre las
servidumbres naturales y las legales se justifica notando que las primeras,
como lo hemos dicho son hechos naturales que la ley se limita a reconocer y que
no podría impedir, mientras que las segundas verdaderamente las crea la ley,
porque sin esta no podrían existir (…) Otra crítica se ha hecho a la
clasificación de las servidumbres. Se dice que las naturales y las legales
verdaderamente no son servidumbres, o sea, limitaciones del dominio, porque
constituyen el Derecho común, desde que no hay predio ninguno exceptuando de
ellas. Si el dominio consiste en gozar y disponer de las cosas no siendo contra
ley o contra derecho ajeno (art. 699), aquellas servidumbres no constituyen
limitación, porque al reconocerlas la ley, quiere decir que el dominio sólo
existe en ciertos términos para todos los individuos. (Vélez, Fernando; Estudio sobre el derecho civil colombiano;
Lito-Editorial Jurídica Colombiana; tomo III, pág. 358).
- Incluso la
naturaleza extraordinaria de las servidumbre legales fue objeto de
pronunciamiento por la Corporación en un asunto relacionado con la
explotación petrolera, en el cual resaltó que
(…) con arreglo a los artículos 4º, del
decreto 1056 de 1953, y 1º, de la ley 1274 de 2009, la industria de los
hidrocarburos es concebida como de utilidad pública en sus ramos de
exploración, producción, transporte, refinación y distribución, desde luego
que a través de tales empresas (art.25, C. de Co.) lo que existe es, al fin de
cuentas, la explotación de un patrimonio que en sus orígenes más remotos es
de propiedad pública, en tanto el dominio sobre él está radicado en cabeza
del Estado, según viene de verse, así sea que alguna de dichas actividades o
todas ellas resulten desarrolladas a través de los particulares mediante
convenios de concesión; por consiguiente, dado que la industria de los
hidrocarburos es de utilidad pública en los mencionados ramos, para su
ejercicio el legislador ha diseñado ciertos instrumentos especiales, como las
servidumbres petroleras, que, cual especie de servidumbre de utilidad pública,
están llamadas a ofrecerle a su titular poderes directos sobre el predio
sirviente y presuponen una verdadera desmembración del derecho de propiedad
(…) De las susodichas servidumbres petroleras, merecen particular mención
las de oleoducto y las de ocupación de terrenos; las primeras involucran los
predios donde son operadas las estaciones de bombeo e instaladas las
dependencias tendientes a procurar el funcionamiento de los oleoductos, al paso
que las segundas conllevan la autorización a favor del empresario del
petróleo para detentar en forma física los predios con miras a realizar las
tareas que demande su industria, y que pueden estar asociadas con otros
gravámenes adoptados por la legislación minera, según así lo prescriben las
normas actualmente vigentes, contenidas en la ley 1274 de 2009, acorde con la
cual “los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean
necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y
transporte de los hidrocarburos”, lo que al tiempo incluye “el derecho a
construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y
servicios propios para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del
ejercicio de las demás servidumbres que se requieran” (art.1º) … Síguese
de lo dicho que el derecho real de servidumbre petrolera normativamente ha sido
establecido en orden a facilitarle a la industria del ramo la acometida de la
gestión que le es propia, por supuesto que si la extracción, explotación,
exploración y demás actividades correlacionadas tienen que llevarse a cabo
mediante la utilización de terrenos de propiedad ajena, se necesita la
imposición de un gravamen tal a efecto de que la respectiva empresa pueda
cumplirse, bajo el entendido de que con su desarrollo se obtienen o es dable
obtener recursos para favorecer a las personas asentadas en el territorio
colombiano. A través de las mentadas servidumbres el legislador consagró un
derecho sui géneris, con el que ha pretendido adoptar un régimen
relativamente autónomo para el cabal ejercicio del derecho real en comento,
las cuales hoy cuentan, por lo mismo, con una regulación normativa particular,
dirigida a salvaguardar su exploración, producción y transporte, o sea que
ofrece un poder de uso especial al explorador, explotador o transportador de
hidrocarburos sobre el fundo; ellas se caracterizan principalmente porque
pueden ser legales o forzosas, lo que significa que no son reconocidas por la
mera voluntad del dueño, poseedor, detentador o tenedor del predio, sino que
su reconocimiento e imposición emerge de la misma ley (…) Tan peculiar es
este régimen de servidumbre, que aunque es de utilidad pública, el industrial
de hidrocarburos, por tener la calidad de titular de este derecho real sui
géneris, resulta obligado, respecto del dueño o poseedor de la cosa, a pagar
la indemnización por el uso que haga de las áreas correspondientes, puesto
que, según se sabe, el ordenamiento constitucional no sólo no autoriza al
legislador para imponer expropiaciones o extinciones al dominio al margen del
marco señalado en los artículos 34, 58 y 59 de la Carta Política, sino que
garantiza la propiedad privada, por cuanto, cual derecho fundamental sobre el
que se fundan todas las instituciones sociales, es la piedra angular de la
economía, el alma universal de toda la legislación y fundamento cardinal de
la libre empresa, como se anotó en algunas de las comisiones de la Asamblea
Nacional Constituyente, que dio origen a la actual Carta Política (CSJ SC 6 sep. 2010, rad.
2004-00085).
- La conducción
de energía eléctrica es una servidumbre de índole legal, en los términos
del artículo 18 de la Ley 126 de 1938, que grava «los predios por los cuales deben pasar las
líneas respectivas», norma
ésta desarrollada por la Ley 56 de 1981 en la cual se estableció un
procedimiento especial para la imposición del gravamen, como consta en el
segundo capítulo del Título II.
Normatividad esta que fue reglamentada por
el Decreto 2580 de 1995, cuyo artículo primero señala que
Los procesos judiciales
que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre
pública de conducción de energía eléctrica, serán promovidos, en calidad
de demandante, por la entidad de derecho público que haya adoptado el
respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con los requisitos y
el procedimiento, señalados en este Decreto.
Ese precepto es claro y contundente en el
sentido de que la única vía para «imponer y hacer
efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía
eléctrica», es la que allí se contempla, sin que
sean de recibo acciones contempladas para situaciones que, aunque se refieran a
la constitución de servidumbres, tratan materias completamente ajenas a las
que consagra la ley de manera expresa y especializada.
- Bajo esa
perspectiva, que desvirtúa de entrada el segundo cargo propuesto por la
impugnante, con las consecuencias desfavorables en relación con los restantes,
no se evidencia la equivocación que se le endilga al Tribunal al sustentar su
decisión en que el gravamen cuya pertenencia se pretendió «califica como de carácter legal conforme lo
pregona el artículo 888 [del Código Civil] y de utilidad pública a voces de los preceptos 16 y 25 de la Ley
56 de 1981, por lo que es evidente, que dicha imposición no opera ipso jure,
sino que exige de la consecución de un proceso judicial», pues, nada distinto arroja la normatividad
sobre la materia.
Por iguales razones, tampoco admite reparo
el que indicara que, al no consolidarse en forma adecuada «el acuerdo de voluntades contenido en la escritura 768 de 24 de
mayo de 1994, por medio de la cual se constituía a perpetuidad, sobre el
predio “Villa Lourdes” el uso y el disfrute de la franja de terreno objeto
de la servidumbre especial de conducción de energía eléctrica» y al «no ser susceptible de adquirirse
por esta vía, debe observarse lo previsto en la normatividad citada en
precedencia, que tiene plena concordancia con lo señalado en el artículo 117
de la Ley 142 de 1994».
Las normas referidas, por su especificidad,
eran las que debía tener en cuenta el fallador, sin que se extraviara en la
interpretación que de las mismas hizo, en conjunción con lo que regula el
Código Civil sobre servidumbres.
No era de recibo, por ende, aplicar
preceptos que sólo se refieren a las servidumbres voluntarias y son
completamente ajenos a la naturaleza del gravamen que se pretendía normalizar,
por la vía ordinaria, con prescindencia de los procesos especiales instituidos
con tal fin.
- Por los
anteriores razonamientos no prospera la acusación directa relacionada con el
punto expuesto.
- Como la solidez
de los argumentos del juzgador, en relación con la improcedencia de la
prescripción en las servidumbres legales, es suficiente para sustentar la
decisión adversa, sin que ninguna incidencia tenga para el resultado la
connotación de continuidad o discontinuidad del fenómeno estudiado, ni mucho
menos fuera necesario establecer los actos posesorios, queda relevada la Sala
de pronunciarse del primer y tercer ataques que planteó la
censora.
- Teniendo en
cuenta que la decisión es desfavorable a la impugnante, de conformidad con el
último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en
armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se le condenará en
costas.
- Se fijarán en
esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se
tendrá en cuenta que la contraparte guardó silencio (folio
101).
- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de 17 de octubre de 2012, proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
dentro del proceso ordinario de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
contra Inversiones Arévalo Chaves Cía. S. en C.
Costas a cargo de la recurrente y a favor
de la sociedad demandada, que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá
en estas la suma de tres millones de pesos ($3’000.000) por concepto de agencias en
derecho.
Notifíquese y devuélvase
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA